El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó en mayo del año pasado la moción presentada por la concejal no adscrita María Dolores Ruiz Álvarez para reforzar la protección del Mar Menor frente al uso inadecuado de motos acuáticas. Diez meses después, la iniciativa sigue sin traducirse en medidas efectivas, mientras el pasado verano volvió a estar marcado por la circulación impune de estos vehículos en zonas sensibles de la laguna.

La propuesta, titulada “Protección efectiva del ecosistema del Mar Menor frente al uso inadecuado de motos acuáticas”, advertía del grave impacto que estas prácticas están generando en el ecosistema del Mar Menor, especialmente en la franja comprendida entre Playa Honda y la Isla del Ciervo, en la Ribera Sur.

En esta zona, con una profundidad media de apenas dos metros y amplias áreas que no alcanzan el metro, operan escuelas de deportes náuticos sin motor como kayak, paddle surf o vela ligera, actividades de baja huella ecológica que promueven la educación ambiental entre niños y adultos. Sin embargo, la presencia masiva de motos de agua de alquiler, en muchos casos conducidas por usuarios sin formación específica, ha generado situaciones de riesgo recurrentes.

La moción denunciaba la invasión de zonas de baño, la circulación a velocidad excesiva y el abandono de los circuitos autorizados, especialmente en las inmediaciones de la Isla del Ciervo, espacio incluido en la Red Natura 2000 como ZEPA. Un artículo publicado por el diario La Verdad en agosto de 2024 alertaba de un incremento del 225% en incidentes relacionados con motos de agua respecto al año anterior, incluyendo embarrancamientos, averías, fugas y accidentes personales.

Ante esta situación, el texto aprobado instaba a la Capitanía Marítima de Cartagena y a la Dirección General de la Marina Mercante a aplicar de forma efectiva el artículo 6 del Real Decreto 118/2024, de 30 de enero, que regula la navegación y las actividades marítimas en áreas protegidas. El objetivo era claro: garantizar la seguridad de los usuarios, prevenir y sancionar el uso indebido de motos acuáticas y proteger el ecosistema del Mar Menor.

No obstante, colectivos de defensa de la laguna, vecinos y usuarios de las playas aseguran que durante el verano posterior a la aprobación de la moción apenas se percibió un refuerzo en la vigilancia o en las sanciones y que incluso la situación fue a peor respecto a otros veranos. Las motos acuáticas continuaron circulando en zonas próximas a bañistas y practicantes de deportes sin motor, reproduciendo las mismas escenas denunciadas en años anteriores.

Casi un año después de su aprobación plenaria, la moción permanece en un limbo administrativo, sin que se haya materializado en un plan de control visible ni en resultados tangibles sobre el terreno. Mientras tanto, el Mar Menor sigue afrontando una situación de vulnerabilidad crítica, a la espera de que las decisiones institucionales pasen del papel a la acción.