La Asociación para la Protección de Cabo de Palos (PROCABO) ha presentado sugerencias formales en el trámite de consulta pública previa sobre la modificación del Reglamento General de Costas, actualmente en revisión por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En su escrito, PROCABO reconoce la necesidad de adaptar el Reglamento para dar cumplimiento a la Directiva europea de Servicios y evitar una eventual sanción a España. No obstante, advierte de que la reforma no debe limitarse a ajustes procedimentales vinculados a concesiones administrativas, sino aprovechar la oportunidad para abordar problemas estructurales en la gestión del dominio público marítimo-terrestre (DPMT).

Desde la experiencia acumulada en el litoral del sureste español, y especialmente en el entorno de Cabo de Palos y el Mar Menor, la asociación señala varias carencias actuales. Entre ellas, la desconexión entre la gestión del DPMT y la planificación territorial y urbanística autonómica y municipal; la falta de criterios técnicos homogéneos y transparentes en deslindes y concesiones, que genera inseguridad jurídica y conflictividad social; la escasa incorporación de criterios científicos actualizados sobre subida del nivel del mar, temporales extremos y vulnerabilidad geomorfológica; la ausencia de una monitorización continuada del litoral como herramienta básica de gestión adaptativa; y la inexistencia de mecanismos reales de coordinación multinivel entre administraciones y sociedad civil.

PROCABO considera que el litoral no puede entenderse únicamente como soporte de actividades económicas, sino como una infraestructura natural esencial para la resiliencia climática y la calidad de vida. Por ello, propone que la modificación del Reglamento incorpore expresamente la integración del dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres en la planificación urbanística municipal, equiparándolos funcionalmente a sistemas generales o infraestructuras verdes; la creación de órganos técnicos estables de coordinación y concertación entre Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos y agentes sociales; la obligatoriedad de incorporar criterios científicos actualizados en deslindes y decisiones de gestión; el desarrollo de una planificación adaptativa basada en monitorización continua del litoral; y el reconocimiento explícito de los servicios ecosistémicos como fundamento técnico y jurídico de las decisiones de protección.

La asociación subraya que proteger el litoral no debe hacerse a costa de la seguridad jurídica ni de la calidad técnica de las decisiones públicas, sino mediante un modelo más coherente, transparente y científicamente fundamentado. Con esta propuesta, PROCABO reafirma su compromiso con una gestión del litoral moderna, resiliente y socialmente aceptable, alineada con los principios europeos de Gestión Integrada de Zonas Costeras.