Vecinos y especialistas alertan de que el proyecto de Nefer Power SL podría requerir un procedimiento ambiental más estricto

El proyecto fotovoltaico impulsado por la empresa Nefer Power SL en el entorno de Los Belones ha generado preocupación entre expertos ambientales y colectivos vecinales, que cuestionan si el trámite seguido para su autorización cumple con la legislación vigente en materia de evaluación ambiental.

Según recoge la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, las instalaciones de generación eléctrica deben someterse a distintos tipos de análisis en función de parámetros como la potencia prevista, la extensión ocupada, la ubicación del proyecto y la posible acumulación de impactos con otras infraestructuras existentes. Cuando estos factores alcanzan ciertos umbrales, la normativa obliga a realizar una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, un procedimiento más exhaustivo que garantiza un mayor control técnico y una participación pública más amplia.

En el caso concreto del parque solar proyectado en Los Belones, diferentes colectivos consideran que sus características podrían encajar dentro de los supuestos que exigen dicha evaluación ordinaria. De ser así, el uso de un procedimiento simplificado mediante un Informe de Impacto Ambiental abreviado podría no ser suficiente desde el punto de vista legal.

Este tipo de tramitación reducida está concebida para proyectos de menor escala o con efectos ambientales limitados. Su aplicación en iniciativas de mayor envergadura, advierten los críticos, puede mermar la transparencia del proceso y el nivel de protección ambiental, especialmente en zonas ya sometidas a una fuerte presión por el desarrollo de infraestructuras energéticas.

Ante estas dudas, se ha instado a las administraciones responsables a revisar en profundidad el expediente del proyecto, comprobar si el procedimiento seguido se ajusta a la normativa y, en caso contrario, exigir la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria, tal y como establece la ley.

Los vecinos insisten en que su postura no es contraria a las energías renovables, pero reclaman que su implantación se lleve a cabo con todas las garantías legales, respeto al entorno natural y con una participación real de la ciudadanía en decisiones que afectan directamente a su territorio.