La Manga, núcleo turístico y residencial del municipio de Cartagena, sufre serios problemas de transporte público, especialmente durante el invierno, cuando las frecuencias de autobuses se reducen drásticamente y las rutas quedan limitadas. La falta de financiación estatal agrava la situación, impidiendo mejoras en horarios, ampliación de rutas y la incorporación de nuevas tecnologías como el pago con tarjeta a bordo.

El concejal de urbanismo e infraestructuras del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cartagena, Diego Ortega, ha denunciado que el Gobierno de España «ha vuelto a dar la espalda a Cartagena» al incumplir su compromiso de sufragar íntegramente el 30% del precio del billete de transporte público urbano.

Según explicó Ortega, el Real Decreto-ley 11/2022 obligaba al Estado a cubrir ese porcentaje, mientras que el Ayuntamiento de Cartagena decidió aportar un 30% adicional para lograr una bonificación total del 60% a los usuarios. Sin embargo, los datos reflejan que «el Gobierno nunca ha llegado a cumplir lo pactado y, año tras año, ha ido reduciendo su aportación hasta dejar al Ayuntamiento con la mayor carga económica».

En 2023 el Gobierno central se limitó a aportar el 27,42% de la bonificación, en 2024 descendió al 23,13% y en el primer semestre de 2025 apenas alcanzó el 21,20%. Esta diferencia ha supuesto que el Ayuntamiento de Cartagena haya tenido que destinar 575.899,97 euros de fondos propios para cubrir la parte que correspondía al Estado.

«Con este dinero que el Gobierno de Pedro Sánchez nos debe, podríamos haber mejorado frecuencias de autobuses, ampliado rutas o incorporado nuevas tecnologías como el pago con tarjeta a bordo», subrayó Ortega. «En lugar de eso, hemos tenido que asumir con el esfuerzo de todos los cartageneros el compromiso que el Estado no ha cumplido».

El portavoz popular ha anunciado la presentación de una moción en el Pleno municipal para reclamar al Gobierno de España el abono inmediato de la cantidad adeudada y exigir que en futuras convocatorias se ajuste la aportación estatal a los datos reales de uso del transporte público.

«Es inadmisible que Cartagena tenga que pagar lo que el Gobierno de Sánchez no quiere pagar. Exigimos el cumplimiento del compromiso con nuestra ciudad y con nuestros vecinos, porque no podemos permitir que se nos maltrate ni un minuto más», concluyó Ortega.