El Ayuntamiento de San Javier aprueba, el 29 de mayo de 1962, el trascendental Plan de Ordenación que alterará definitivamente la zona norte de La Manga. Debido a la cantidad de personas afectadas (casi todas ellas familias vinculadas directamente a los Maestre) se concede un mes para que presenten las alegaciones que proceda a:
- Alda Manuela Fernández Perpén
- Joaquín Maestre Zapata
- Antonio Maestre Zapata
- Alfonso Maestre Zapata
- Francisca Maestre Zapata
- Miguel Zapata Echevarría
- Herederos de doña María Obdulia Maestre Zapata
- Juan Rubio de la Torre
- Herederos de don Isidoro de la Cierva y Peñafiel
- Herederos de Gonzalo Figueroa O’Neill
- Herederos de José Servet Magenis
- Sebastián Servet Spottorno
- Herederos de Juan de la Cierva y Peñafiel
- Juana Maestre Zapata
- Tomás Maestre Zapata (en calidad de colindante)
- Francisco Celdrán Conesa (ídem)
Todos ellos son propietarios (o parte interesada) de terrenos que comprenden desde las Salinas del Pudrimel, por el Norte, hasta el Cabezo Blanco de Calnegre, por el Sur.
Con este trámite administrativo ordenado desde el Gobierno central, el Estado se garantizaba, tanto a él mismo como a Tomás Maestre Aznar, la puesta en marcha de la urbanización de La Manga una vez concluido el expediente de expropiación forzosa que recayó sobre los terrenos afectados.
La expropiación previa, sin embargo, provocó un largo enfrentamiento entre Maestre Aznar y el resto de familiares afectados al encontrarse éstos en una difícil tesitura: o aceptaban los planes urbanizadores de Tomás Maestre o los del Estado, a la sazón, los mismos.
Cuando el 3 de julio de 1968 el procurador Gabriel García Guillén, en nombre y representación de estos familiares, dirigió una instancia al Ayuntamiento de San Javier pidiéndole las entregas de las cantidades correspondientes a justiprecio e intereses devengados por la expropiación usó un lenguaje sorprendente para el vínculo familiar que los unía y que delata la tensión subyacente que generó el proyecto… “No puede sorprendernos el nuevo intento del Sr. Maestre Aznar de molestar a su familia en cuantas ocasiones se le presenten e incluso, como ahora, procurando obstaculizar el percibo de parte de las indemnizaciones que les corresponde como resultado de una expropiación. Lo que ya resulta irritante es que se erija como el único intérprete de la perceptiva legal… presentando imaginarios fantasmas… mediante una visión irreal y caprichosa de hechos y preceptos tan flojos y débiles que ni él mismo puede quedar convencido”.
Además, la expropiación forzosa declaraba “beneficiario de explotación” a Tomás Maestre Aznar quien ya había conseguido, en 1958, el resto de terrenos (un setenta por ciento del total) propiedad de su tío Tomás Maestre Zapata, fallecido poco después de un coma diabético y un infarto.
A Maestre Aznar lo costó lo suyo convencer a su tío al considerar este último que su sobrino no tenía experiencia en promociones inmobiliarias (había fracasado en un intento de negocio inmobiliario en Madrid unos años antes). Pero, al poco, Maestre Zapata sufrió un serio revés en una fallida inversión en Maracaibo y se vio obligado a aceptar las condiciones económicas que le ofreció su sobrino.
Finalmente, en aplicación del artículo 52 de la Ley de Expropiación de 12 de mayo de 1956 se fijaron los siguientes justiprecios causantes de un largo litigio:
Para Hacienda La Manga (234 Has.), incluidas edificaciones, 1.212.640,00 pesetas.
Para Coto y Encañizada de El Estacio (51 Has.), incluidos edificios, negocio de pesquería, valor de las instalaciones y embarcaciones, 4.424.546,34 pesetas.
El ambicioso proyecto urbanizador, sin embargo, arrastraba otro problema: La Manga Sur no pertenecía a los Maestre lo que le obligó a iniciar unas largas y difíciles negociaciones con la familia Celdrán, propietaria de prácticamente la totalidad de terrenos de entrada por Cabo de Palos.
