La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) y la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia (Fecoam) entregaron la pasada semana un documento a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con medidas para tratar de salvar el Mar Menor.
El texto, con el título “Documento para la Mejora del Mar Menor con una Agricultura Sostenible en el Campo de Cartagena”, expone las 17 medidas que a criterio de las referidas organizaciones habrían de adoptarse para que la actividad agraria sea compatible con el equilibrio ecológico y medioambiental y, por tanto, permita una mejora radical del Mar Menor, según informa Agrodiario.
La ministra, que estuvo receptiva a todas las propuestas que le fueron realizados por los participantes en dicha reunión, mostró su voluntad de que las medidas que se contemplan en el Plan de Vertido Cero recién aprobado, no solo no sean inamovibles, sino que pudieran modificarse a la luz de la participación de administraciones y colectivos implicados en su puesta en marcha.
Las medidas se darán a conocer en una rueda de prensa, en la que estarán presentes el presidente de Coag, Miguel Padilla, y el Fecoam, Santiago Martínez, máximos responsables de ambas organizaciones, además de otros miembros cualificados.
Visto bueno del Congreso a las ayudas
Por otra parte, la Diputación Permanente del Congreso dio este martes su visto bueno al decreto-ley del Gobierno que declara «zonas gravemente afectadas» los lugares que padecieron los incendios del pasado verano y las consecuencias de los temporales DANA de agosto y de septiembre, lo que propiciará ayudas económicas y beneficios fiscales.
La convalidación ha recibido la unanimidad de la Cámara, si bien varios grupos solicitaron que se tramitara el texto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. El rechazo del PSOE, Unidas Podemos y PNV lo ha evitado
El decreto-ley enumera las zonas que asoló la DANA de septiembre: las provincias de Albacete, Alicante, Valencia, Almería, Málaga y Granada, la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma de Illes Balears y la Comunidad de Madrid.
Ayudas, beneficios fiscales y ventajas laborales son algunas de las compensaciones que establece el decreto, que diferencia según sean de carácter agrícola o ganadero los sitios afectados.
