El gerente de la Fundación Sierra Minera, Pedro Martos; y el representante de la Asociación de Vecinos de El Llano del Beal, Juan Ernesto Peña; asistieron ayer a la Asamblea Regional para exponer la gravedad de la situación en la que se encuentra la Sierra Minera, tanto en lo relativo a la salud de las personas que residen en la zona como a la contaminación de metales pesados que acaban en el Mar Menor.
El diputado del grupo parlamentario socialista, Antonio Guillamón, ha calificado de “muy interesantes” estas declaraciones y acusado de ambas cuestiones tan preocupantes al Gobierno regional «que no ha cumplido con su obligación de velar por la aplicación de la ley adecuadamente. Además de tener una enorme responsabilidad, porque no ha obligado a la empresa a restaurar la zona y tampoco se ha hecho responsable subsidiario”. «.
«Estamos -añadió- ante un problema y una situación inaceptable, que deriva de una prolongada actividad minera y de la negativa de la empresa contaminante a restaurar el daño hecho, dejando una herencia envenenada”.
Antonio Guillamón denunció que en Cartagena y Comarca se están acumulando graves problemas medioambientales y de salud pública, tanto en el Mar Menor como en la Sierra Minera, Portman y El Hondón.
“A esta lista podríamos añadirle más situaciones medioambientales, que es conveniente atajar con la máxima celeridad”.
Recordó que en 2008, la Fundación Sierra Minera ya pidió la limpieza, adecuación y descontaminación de las ramblas que vierten al Mar Menor, la actuación en origen con la recuperación y reforestación de suelos afectados por la minería, así como la restauración o eliminación de balsas de estériles y escombreras que supongan un riesgo de contaminación.
“Se acaba de aprobar el Plan para la recuperación ambiental de los suelos afectados por la minería (Prasam), y el Gobierno regional le ha dado mucha difusión y ha generado muchas expectativas, esperamos que dicho protocolo se cumpla”.
De entre las ideas aportadas, el diputado socialista destacó, asimismo, la afirmación de que con la Sierra Minera “no se ha aplicado el principio del que contamina paga y tampoco se ha desarrollado ningún plan global para regenerar las zonas afectadas por la actividad minera durante todos estos años”.
Coincidió con el gerente de la Fundación Sierra Minera en que el Prasam debe tener una amplia participación social, científica, de administraciones y propietarios.
Para Antonio Guillamón, “el gran handicap que tenemos en la Región, y en este caso en la zona, es pasar a la acción y no quedarnos solo en los documentos, que es a lo que nos tienen acostumbrados los diferentes gobiernos del PP”.
Podemos: «No hay mapa de suelos contaminados»
El diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, ha acusado también al gobierno del PP «no haber hecho su trabajo puesto que era su responsabilidad haber regenerado la zona y reactivar la economía y el empleo de la zona”.
Pedreño ha explicado que «un gobierno que piensa en el bienestar de toda la gente de su Región hubiera realizado la declaración de suelos contaminados. Con esta declaración se podrían haber activado las herramientas que tiene el Ejecutivo para aplicar el principio de que quien contamina paga, principio que se asume en toda Europa y que aquí ni siquiera se intuye”.
Andrés Pedreño ha recordado que en la Región de Murcia, y en concreto en la comarca de Cartagena, no hay un mapa de suelos contaminados. Este documento, “que debería hacerlo el gobierno, es fundamental para abordar este asunto de índole económica y de salud pública. Así se hace en otros territorios mineros de la Unión Europea”.
De hecho, ha añadido Pedreño, “el PP debería haber reactivado la zona tras el abandono de la actividad minera. Reactivación en diversos sentidos, no sólo en el medioambiental, laboral y el de salud pública, sino también en el social ya que estos pueblos están sufriendo procesos de exclusión por no tener ninguna apuesta de futuro cuando antes estaban llenos de actividad”.
El diputado de Podemos también se ha preguntado dónde está la Dirección General de Minas, organismo “responsable de gran parte de la situación». Respecto al PRASAM, Pedreño ha asegurado que es “una buena oportunidad, pero si se le da voz a las organizaciones ciudadanas, movimientos vecinales, expertos en la zona, grupos ecologistas y demás grupos políticos. Si nos traen un plan, del que por cierto, a día de hoy, no sabemos nada, en el que no cuentan con toda la gente implicada en solucionar los problemas de la Sierra Minera, poco conseguiremos”.
Ciudadanos: «Ha habido dejadez»
Ciudadanos, por su parte, ha culpado al Gobierno regional «por su desidia y dejadez» ante la situación socioambiental de la Sierra Minera.
Si diputado regional, Luis Fernández, ha denunciado que no ha existido ningún plan de actuación integral sobre la Sierra Minera, y que todavía no se ha desarrollado el inventario de suelos contaminados, conforme a lo establecido en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, y que debería estar en funcionamiento desde el año 2012 «lo que ha influido para que no se hayan realizado las actuaciones necesarias que hubieran permitido mejorar la situación».
El diputado de Cs ha lamentado «que el Gobierno regional no ha exigido responsabilidades a Peñarroya ni a su empresa sucesora, Portmán Golf, lo que demuestra que aquí no se lleva el dicho de que el que contamina paga. En último extremo, la Dirección General de Minas tiene la responsabilidad de haber consentido que se produjeran estas actuaciones».
«Los afectados que se han quejado a la administración han recibido la respuesta de que no se pueden hacer actuaciones sobre propiedades privadas, algo que consideramos que es falso, porque la administración tiene herramientas y resortes suficientes para hacer cumplir la ley», ha indicado Fernández, quien ha incidido en la falta de voluntad del Gobierno regional «que tendría que tomar ejemplo de la Fundación Sierra Minera, ya que con muy poco dinero han realizado actuaciones de reversión que han tenido un importante impacto sobre la población».
El diputado de Cs cree que el Plan de Recuperación Ambiental de Suelos Afectados por la Minería (Prasam) puede ser una herramienta adecuada; sin embargo, el Gobierno regional gasta mucho dinero en estudios y en informes para conseguir grandes titulares, pero no desarrolla el proyecto.
Tanto Pedro Martos como Juan Ernesto Peña comparecieron ayer ante la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional, en el marco de la ponencia sobre la problemática socioambiental de la Sierra Minera en los municipios de La Unión y Cartagena.
