El pleno de la Asamblea Regional rechazó ayer la enmienda a la totalidad que presentaron PSOE y Podemos a la proposición de Ley de Aceleración Empresarial registrada por Ciudadanos y PP, por lo que la iniciativa continúa su tramitación parlamentaria a pesar de las duras críticas vertidas contra los efectos que tendrá su aplicación sobre el urbanismo y el medio ambiente, según la oposición.
El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, mostró su satisfacción “porque concebimos esta ley con el objetivo de solucionar la situación de unas veinte mil empresas, que por estar fuera del ordenamiento, se encuentran en un limbo jurídico y es necesario ofrecer una solución dentro de la legalidad a un problema que afecta a cincuenta mil trabajadores”.
En este sentido, Sánchez ha resaltado que la situación actual “sólo deja pie a tres opciones: cerrar las empresas que cumplen con la legislación sectorial y medio ambiental; mirar para otro lado y no afrontar este problema; o la que propone Ciudadanos, que es arreglar este problema que han generado PP y PSOE por su nefasta gestión urbanística, mediante una carta de naturaleza provisional. La última palabra la tendrían los municipios”.
Con respecto a la propuesta presentada por PSOE y Podemos, Sánchez ha lamentado que “la izquierda y la extrema izquierda se hayan dado la mano en criticar esta ley y lo han hecho sin ningún rigor, porque es una ley que incide en la licencia de actividad y no en el urbanismo. Además los solicitantes de estas licencias deben cumplir con todos los trámites y requisitos correspondientes”.
“PSOE y Podemos se centran en la crítica, tal vez porque no saben cómo afrontar el problema de una actividad que cumple con todos los requisitos sectoriales, incluyendo el medio ambiental y que genera trabajo no puede hacer su actividad por un problema de planificación urbanística y que se debe principalmente a que los ayuntamientos no han hecho sus deberes”, ha añadido el diputado de la formación naranja, quien ha resaltado que la última palabra la tendrán los ayuntamientos, que disponen de un plazo de tres años para adaptarse a la normativa autonómica.
PSOE: «Una Ley de anmistía urbanística»
Por su parte, el viceportavoz del grupo parlamentario socialista, Alfonso Martínez Baños, ha manifestado que esta Ley sobre aceleración de la transformación del modelo económico regional “es una ley a la carta, hecha para favorecer intereses empresariales muy concretos, que parte de una organización empresarial y elaborada a espaldas de los alcaldes y alcaldesas, a pesar de ser una ley que mayoritariamente tendrán que aplicar los ayuntamientos”.
Para el viceportavoz socialista tanto PP como Ciudadanos deberían haberse preguntado antes de hacer esta propuesta, «cuál es el modelo económico de la Región que se quiere acelerar; y, por otro lado, ¿Hacia dónde se va a orientar nuestro modelo productivo? Los datos -se respondía a sí mismo- no parecen indicar que vayamos en el camino adecuado”.
Martínez Baños aseguró que “estamos ante una Ley de amnistía urbanística y sorprende que esta Ley defienda que el Planeamiento urbanístico se adapte a las construcciones ilegales, en lugar de ser al contrario, algo que es absolutamente inconstitucional”.
Una Ley muy compleja, que modifica dieciséis leyes, algunas tan importantes como la de Ordenación Territorial y la de Protección Ambiental de la Región de Murcia, que ya sufrió un varapalo durante el debate de la Ley de simplificación administrativa y se anularon 83 artículos. En definitiva, añadió, «estamos ante una ley que atenta sobre el principio de seguridad jurídica».
“Estamos ante una Proposición de Ley de gran calado, con enormes repercusiones en los derechos de los vecinos de la Región de Murcia, que se pueden ver gravemente afectados por la supresión de garantías y controles administrativos ante la realización de obras y desarrollo de actividades de gran impacto, sin que quede garantizado el respeto a los principios democráticos de participación ciudadana y de seguridad y defensa de los derechos de las personas y de protección del medio ambiente”.
El Partido Socialista se posiciona radicalmente en contra de la tramitación y aprobación de esta Ley. “Estamos a favor de la simplificación administrativa y de la agilización de los procedimientos, pero siempre con la máxima protección al medio ambiente y con las máximas garantías de igualdad de trato”.
Alfonso Martínez exigió, por otra parte, que se haga público el listado de las veinte mil empresas a las que beneficia esta Ley. “Queremos saber esta amnistía urbanística a quiénes beneficia”.
Por último, indicó que “sorprende que Ciudadanos se sume a la política de amigotes que lleva a cabo el PP con esta Ley y que tanto ha criticado durante esta legislatura”.
Podemos: «Desmonta la legislación medioambiental»
El portavoz de la formación morada, Óscar Urralburu, afirmó que la Ley solo busca acelerar “el desmontaje de nuestra legislación medioambiental y urbanística».
«Tanto Partido Popular como Ciudadanos -ha añadido- premian a aquellos empresarios piratas, tramposos, que vulneran la ley sin importarles si hacen daño a la Región. Es un traje hecho a medida para los de siempre, para los amigos del PP, y ahora también de Ciudadanos”.
El portavoz parlamentario ha resaltado que Podemos “está de acuerdo en que se deben poner más fáciles los trámites para crear empresas o negocios. Pero esto no significa quitar los controles que ahora tenemos y que son los encargados de frenar los despropósitos medioambientales, despropósitos como los que han hecho del Mar Menor una sopa verde”.
Asimismo, Óscar Urralburu ha subrayado que otro despropósito es hacer esta ley “retroactiva para hacer legal ahora lo que lleva años siendo ilegal. En vez de forzar a quienes se han saltado la ley a que la cumplan, fuerzan la ley a sus actividades hasta ahora ilícitas en uno o varios sentidos”.
Con esta ley, ha incidido Urralburu, se “inventan” nuevos procedimientos con figuras jurídicas “que no existen en el ordenamiento jurídico español”. Por eso, vemos como buscan con este texto “la aceleración económica a través de una aceleración normativa basada en una tramitación atropellada y que huye de controles medioambientales. Y les da igual que sea inconstitucional ya que mientras que el Tribunal se pronuncia o no, PP y Ciudadanos hacen sus chanchullos”.
Urralburu ha anunciado que Podemos irá al Constitucional ya que es “un disparate político cargado de mentiras y una aberración jurídica. Seguro que tarde o temprano veremos como el señor Mendoza disfruta ampliamente de los beneficios que le ofrece este texto para legalizar los terrenos de su universidad”.
