El director general del Instituto de Turismo, Manuel Fernández-Delgado, participó ayer jueves en una mesa de debate sobre promoción turística del II Congreso Viviendas con Fines Turísticos de Andalucía, celebrado en Málaga, donde afirmó que “en la Región buscamos incrementar el número de viviendas vacacionales de uso turístico aflorando la oferta real» ya que, según explicó, “para tener una idea de la auténtica magnitud del turismo residencial, cabe decir que de los 5,3 millones de turistas que visitan la Región anualmente, al menos 3,8 millones usan alojamiento privado para su estancia, ya sea en la modalidad de vivienda en alquiler, vivienda propia o vivienda cedida”.
Durante su intervención, el titular del Instituto de Turismo hizo hincapié en la importancia que ha supuesto para la Región el turismo residencial, “un segmento que ha ayudado a internacionalizar el destino, a incrementar el volumen de turistas y a impulsar el desarrollo de productos clave como el golf”.
Sin embargo, en la actualidad la Comunidad está muy preocupada por esta proporción «y busca establecer un equilibrio entre su infraestructura residencial y el impulso de nuevos desarrollos hoteleros”, indicó.
Para conseguirlo, la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente busca inversores «que ayuden a modernizar la planta hotelera» y, de forma paralela, regularizar y ordenar el segmento residencial, una modalidad que destaca por la fidelidad de los clientes y por su alta capacidad para crear sinergias con otros sectores, como la hostelería, las compras y el ocio.
El residencial aporta 17.252 plazas clasificadas entre apartamentos y viviendas al parque turístico, pero según los datos que maneja la Consejería, “tiene potencial para contribuir con 140.000 viviendas y 655.000 plazas”.
Se regularizará por decreto y con inspecciones
Por todo ello, el director general anunció que “se está redactando un nuevo proyecto de decreto que servirá para regular las viviendas residenciales que se ofrecen de uso turístico sin el pertinente registro y autorización, y para armonizar la legislación con el resto de comunidades autónomas”.
Bajo este marco normativo, anunció “una campaña de inspección que se encargará de la oferta pendiente de clasificar, una cifra que las estimaciones sitúan en las 12.700 viviendas y 60.000 plazas, y que suponen una competencia desleal a los alojamientos reglados».
El nuevo texto, dijo, «permitirá agilizar el proceso de clasificación en la Región posibilitando que las viviendas tengan su signatura en cuestión de días, fomentando una mayor concreción en los requisitos a cumplir, abriendo la puerta a la promoción y comercialización institucional».
Asimismo, el decreto permitiría que el inicio de actividad «esté exento de la tasa administrativa por ordenación y que se realice una inspección previa informativa», para que la implantación del decreto no se realice de forma excesivamente agresiva para los propietarios de los apartamentos.
