El único faro-hotel inaugurado en España, el Isla Pancha, y situado en el paraje natural de la ría del Eo en Ribadeo (Lugo), cerró sus puertas al mes de su apertura por orden del propio ayuntamiento de la localidad a pesar de convertirse en un referente nacional del plan de Fomento para darle uso turístico a instalaciones públicas costeras.
Según explicó al diario La Nueva España su propietario, José Luis López Braña, «el ayuntamiento me precintó el establecimiento y está cerrado desde el 6 de mayo. El daño económico es brutal».
La corporación municipal argumenta que debe subsanar determinadas deficiencias como el suministro de agua y renovar exteriores para cumplir el código técnico de edificación algo que supone para López Braña elaborar cinco informes a cinco organismos diferentes para un local hostelero de tan solo dos apartamentos.
La situación le ha obligado a tener que cancelar las reservas y devolver el dinero que tenía ya entregado a cuenta hasta el mes de octubre de este año.
El enfrentamiento va más allá del que tiene el actual titular de la explotación con la Corporación municipal dado que la propia Autoridad Portuario Ferrol-San Cibrao considera que la concesión es completamente legal según un documento remitido al Ayuntamiento donde se coloca de parte López Braña.
Plataforma contra ese uso
Al igual que está sucediendo en Cabo de Palos, donde ya hay registrada una petición contra el uso hotelero del faro en Change.org y hay anunciada una concentración de protesta, los vecinos de la localidad se organizaron a través de la plataforma «Por nuestro faro» desde donde critican enérgicamente la privatización de parte de un espacio público protegido como es la isla Pancha.
La remodelación del faro en apartamento hotelero ha supuesto para el empresario una inversión, según declaró, de doscientos mil euros más los más de treinta mil que van a suponer las obras pendientes que le exige el Ayuntamiento.
El faro fue construido en 1857, ocho años antes que el de Cabo de Palos y se encuentra en desuso desde 1983 cuando el Estado construyó uno nuevo en esa costa.
Ese precisamente puede ser el negocio, la concesión administrativa, la inversión del adjdicatario, la revocación o suspensión de la actividad por cualquier administración o revocación y la indemnización por los gastos y el lucro cesante. Así se están enriqueciendo UTEs e inversores con proyectos como desaladoras, autopistas R de Madrid, Proyecto Castor, etc. Eso es mucho más rentable que el funcionamiento normal de esos proyectos y la Administración, co el dinero de todos tiene que hacer frente a esos negocios fallidos porque están blindados