UP IU-Equo exige activar el Sistema Nacional de Acción Humanitaria en la Región por la llegada de pateras

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Imagen de una de las pateras llegando el pasado sábado al puerto de Cabo de Palos / DLM

La coalición de Podemos IU Equo pidió ayer la activación del Sistema Nacional de Acción Humanitaria en la Región de Murcia junto «al cumplimiento de las leyes que regulan los procedimientos de rescate, acogida y protección de las personas» que están llegando a la costa cartagenera en pateras debido al buen tiempo desde septiembre hasta diciembre.

Desde la coalición consideran que así se evita la desprotección de las personas inmigrantes, facilitando la coordinación entre administraciones y situaciones como la falta de efectivos denunciada ayer por la propia Policía Nacional.

“Nos hacemos eco de las peticiones de las distintas entidades y ONG que recuerdan al Delegado del Gobierno en Murcia, que el Sistema Nacional de Acción Humanitaria debe estar activo durante los meses en los que sabemos, porque viene ocurriendo desde hace algunos años, que llegan pateras a las costas cartageneras debido al buen tiempo. No puede el Ministerio ni la Comunidad Autónoma decir que esta situación les pilla desprevenidos e improvisar año tras año, estamos hablando de actuaciones que aseguren la correcta atención a estas personas, contempladas en nuestras leyes, el derecho internacional y los derechos humanos, y de mantener la convivencia en el municipio”, asegura Leli García, concejala de la coalición en el Ayuntamiento de Cartagena.

Asimismo, desde Podemos IU Equo advierten que se podrían estar incurriendo en graves incumplimientos de las leyes que regulan el derecho al asilo y a la protección subsidiaria de los inmigrantes.

“Nos tememos que no se está cumpliendo con la especial protección que contempla la ley para las personas en condiciones de especial vulnerabilidad que llegan a nuestras costas. Hemos visto imágenes de inmigrantes puestos en libertad a las pocas horas de su llegada a Cartagena, sin que al parecer formen parte del sistema de acogida, creando además una importante alarma social. Consideramos una irresponsabilidad por parte de la Delegado del Gobierno permitir que actuaciones como esta, que confunden a la sociedad y dan cabida a los discursos de intolerancia y odio, lo que facilita la aparición de corrientes xenófobas y racistas. Por ello le exigimos al Delegado que cumpla con su labor de coordinación y facilitación de información objetiva y contrastada que evite la difusión de mensajes que induzcan a percibir la llegada de pateras como un equivalente a una ‘invasión de nuestro municipio’,” ha continuado la edil.

Por último, desde el grupo municipal exigieron el cumplimiento de la normativa vigente; que se lleve a cabo una coordinación efectiva entre las administraciones; que se inste al Gobierno a la presentación del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración “porque el funcionamiento del Sistema de rescate, atención y acogida, es fundamental, pero no podemos olvidar que las consecuencias de la integración o no de las personas inmigrantes, repercuten directamente en la paz y convivencia del municipio”, aseguran.

“Pedimos que tal como contempla la ley, las personas que llegan en patera a nuestras costas sean atendidas por personal formado para resolver posibles solicitantes de protección internacional o que sean víctimas de trata de seres humanos; que se permita en todos los episodios de llegada de pateras la intervención de las organizaciones no gubernamentales especializadas en brindar apoyo y asesoramiento para determinar si han sufrido “daños graves”, ya sea durante el trayecto o en el país del que proceden o hayan embarcado; determinar si son víctimas de persecución o trata de seres humanos; que se garantice a las personas rescatadas su derecho a solicitar protección internacional mediante la asistencia jurídica gratuita y de un intérprete que asegure la comprensión de los procesos, derechos y deberes como solicitante de asilo; que se ponga en marcha los protocolos para la atención de menores no acompañados, así como la asistencia psicológica y sanitaria adecuada para quienes lo necesiten, pero con especial atención a los menores y sus madres, no debiendo en ningún caso permanecer en dependencias policiales durante largos periodos de tiempo, por el daño que puede ocasionar a su salud mental y su dignidad, entre otras medidas contempladas en la ley”, ha finalizado García.