La Guardia Civil, en colaboración con el Servicio de Pesca de la Comunidad Autónoma, ha desarrollado la operación «Perla Negra» que se ha saldado, hasta el momento, con el decomiso de dos embarcaciones de pesca y sus artes, presuntamente utilizados para pescar de forma ilícita en el Mar Menor, así como la denuncia a sus dos propietarios.
En el marco del ‘Plan Anual de Control Integral de Actividades Pesqueras’ y en colaboración con inspectores del Servicio de Pesca de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca (Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura) de la CARM, la Guardia Civil inició una serie de inspecciones al tener indicios de capturas de pescado ilegales en la zona del Mar Menor.
Las inspecciones dieron sus frutos poco después, cuando los agentes localizaron dos embarcaciones auxiliares que se encontraban fondeadas en la playa de Los Urrutias, al parecer relacionadas con la actividad ilícita investigada.
Durante la inspección, los agentes constataron que las embarcaciones, ambas de unos cuatro metros de eslora, contenían a bordo artes de pesca profesionales (redes de grandes dimensiones) y que ninguna de las dos se encontraba matriculadas.
Los agentes actuantes realizaron una serie de pesquisas para localizar a los propietarios de las embarcaciones. Una vez localizados, éstos alegaron que las mismas estaban allí fondeadas para sacarlas del agua y proceder a matricularlas y que las artes de pesca que estaban a bordo nunca los habían utilizado.
Ante los hechos verificados por los guardias civiles e inspectores del Servicio de Pesca, se procedió a incautar temporalmente ambas embarcaciones y sus artes de pesca, que fueron depositadas en instalaciones del puerto deportivo Tomas Maestre de La Manga del Mar Menor, hasta que los propietarios presenten la preceptiva documentación.
La operación «Perla Negra» se ha saldado, hasta el momento, con la inmovilización cautelar de dos embarcaciones de unos cuatro metros de eslora, dos artes de pesca de grandes dimensiones y la tramitación de varias denuncias a la Ley 3/2011, de Pesca Marítima del Estado, y a la Ley 2/2007 de Peca Marítima y Acuicultura de la Región de Murcia.
Los autores de este tipo de hechos, según la Ley 2/2007 de 2 de marzo de Pesca Marítima y Acuicultura de la Región de Murcia, pueden enfrentarse a multas que oscilan entre los 3.001 euros a 60.000 euros en la vía administrativa o a penas de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco año en la vía penal.
Información facilitada por la Oficina de Comunicación de la Dirección General de la Guardia Civil.
