El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, volvió a usar en el Pleno de la Corporación municipal su voto de calidad para rechazar una moción del grupo socialista que trataba de dejar sin efecto la subida salarial aprobada en el último Pleno del año pasado.
Los socialistas pretendían crear una comisión «con la participación de los grupos políticos y técnicos» para derivar esa subida salarial a cubrir otras necesidades más perentorias del municipio. Sin embargo, la moción fue rechazada al no lograr sacar de la abstención al concejal no adscrito lo que facilitó, al igual que sucedió durante el pleno de diciembre, que el voto de calidad del propio alcalde deshiciera el empate técnico.
El Partido Popular ha hecho coincidir esta negativa a bajarse el sueldo con una campaña que ha lanzado en las redes sociales («Ajustes de retribuciones. Aquí tienes la verdad») donde, en un sencillo documento de tres páginas, trata de demostrar que ese ajuste que realizaron en diciembre lo hicieron «para levantar el castigo que hace año y medio la oposición impuso al equipo de gobierno por estar en minoría».
El documento, redactado de forma muy pedagógica, afirma que esta subida equilibra el sueldo que tenían los socialistas en 2007 afirmando que «el gobierno del PP, ahora, cobrará lo mismo que el tripartito socialista».
Contencioso con el antiguo alcalde pedáneo
En este Pleno, además, se acordó por unanimidad de todos los partidos políticos, designar a los letrados que van a enfrentarse al contencioso administrativo interpuesto por dos empresas que consideran ilegal la recuperación por parte del Ayuntamiento de 280,51m2 de vial público en La Manga.
Gerd Rent S.L. y Área La Manga S.L. pretenden que el Ayuntamiento derogue el acuerdo del Pleno municipal de 4 de agosto de 2016 en el que se aprobó recuperar ese espacio público al considerar el equipo de Gobierno del Partido Popular que están «ocupados ilegalmente por las obras de ampliación» del establecimiento hostelero cuyos propietarios defienden la titularidad del mismo.
Se da la circunstancia que estos terrenos en litigio, cuyo origen está en antiguas cesiones realizadas en la urbanización del polígono R llevados a cabo en 1987, está enfrentando al antiguo alcalde pedáneo, Miki Madrid, con el equipo de Gobierno que lo nombró en 2015 presentando su dimisión a los cinco meses.
Contratos menores
Por otra parte, el Pleno aprobó también por unanimidad una moción presentada por el grupo Ciudadanos «para favorecer la transparencia en relación a los contratos menores del Ayuntamiento (inferiores a 50.000 en obras y 18.000 en servicios) en la que se acuerda crear una base de datos de empresas, por sectores, a las que se les hará llegar las ofertas de contratación, para lo que se habilitará y publicitará un mecanismo de modo que toda empresa que lo solicite sea incluida en el listado que se unirá a la base de datos ya existente en el Ayuntamiento».
El acuerdo incluye que la base de datos de empresas pueda ser consultada en la página web del Ayuntamiento, así como que se da publicidad a través de la web, y el tablón de anuncios municipal de todos los convenios y contratos menores que suscriba el Ayuntamiento.
Sobre el Consorcio de Bomberos
Por último, el Pleno dio el visto bueno, con los votos a favor de los grupos socialista, Ciudadanos, Ganar San Javier y el concejal no adscrito y la abstención del grupo Popular, de una moción presentada por el grupo socialista relativa al Consorcio de Bomberos de la Región de Murcia en la que se insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma «a redactar, junto a los representante sindicales, un Plan de crecimiento y modernización del Consorcio, que recoja la reducción a un máximo de 20 minutos los tiempos de respuesta para todos los municipios, así como un plan formativo de su personal, un plan de mantenimiento de instalaciones, así como modernización de vehículos».
La moción incluye otros acuerdos relativos a un estudio sobre provisión progresiva de plazas, impulsar una Ley de Bomberos que regule el servicio y la profesión en la Región de Murcia, así como la revisión presupuestaria del Consorcio.
