El Gobierno municipal iniciará las obras de restauración del Monasterio de San Ginés de la Jara. Así se determinó tras el visto bueno de la Junta de Gobierno local para sacar a licitación los trabajos de restauración del conjunto monumental. El proyecto será adaptado por técnicos municipales bajo la supervisión de la coordinadora general de Patrimonio Histórico y Arqueología del Ayuntamiento, Carmen Berrocal.
De esta forma, a propuesta del área de Urbanismo e Infraestructuras que dirige el alcalde, José López, el Ayuntamiento asumirá la iniciativa de impulsar las obras de restauración del monumento, cuyo cargo deberá ser asumido por la sociedad Hansa Urbana, S.A., mediante un procedimiento de ejecución subsidiaria.
Según la Corporación esta medida se toma dado que «la mercantil, propietaria del Monasterio, viene incumpliendo, desde 2012, con su obligación de restaurar el monumento, tal y como exige su catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC)».
Cabe citar que el conjunto monumental de San Ginés de la Jara objeto de esta protección contempla una gran número de construcciones como la Iglesia, torre, claustro, casa de labradores, huerto, garitas, alberca, muro defensivo y ermitas ubicadas en el Monte Miral.
Tras el acuerdo adoptado el 27 de abril de 2012 por la Junta de Gobierno local, se requirió a la mercantil Hansa Urbana, S.A., a que, una vez adoptadas las medidas constructivas y de seguridad para evitar la degradación del monumento, iniciara, en el plazo máximo de un mes, las obras de restauración del monumento, siguiendo el proyecto y la licencia otorgada en 2007.
Además, el acuerdo de la Junta de Gobierno local contemplaba que, «en caso de ignorar el requerimiento, paralizarse o ralentizarse las obras de restauración, el Ayuntamiento actuaría subsidiariamente con cargo a Hansa Urbana».
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 19 de febrero de 2016, confirmó la validez del acuerdo de la Junta de Gobierno local de 27 de abril de 2012. Y de los tres puntos citados, únicamente, Hansa Urbana afrontó las obras de conservación y mantenimiento, sin que el Ayuntamiento ejecutara, en los años siguientes, el resto de apartados.
El tercero de ellos faculta a la administración local a hacerse cargo del proyecto de restauración actuando subsidiariamente con cargo a los avales de Hansa Urbana que obran en su poder, cuya cuantía asciende a 15.003.050,52 euros, algo que el Ejecutivo local se verá obligado a realizar en caso de que la citada empresa se niegue a afrontar el pago de las tareas de restauración.
En posteriores reuniones con responsables de Hansa Urbana, el alcalde flexibilizó el plazo de inicio de los trabajos, instando a la empresa a comenzar los mismos antes del 1 de junio del presente año. Finalmente esto no ha sucedido, por lo que el Ayuntamiento «se ha visto obligado -añade- a tomar la iniciativa de liderar la restauración del edificio».
Aprobadas las alegaciones al PGI del Mar Menor
Por otra parte, y durante la misma reunión de la Junta de Gobierno se aprobaron las alegaciones que presentará el Ayuntamiento de Cartagena al proyecto de decreto de declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y al Plan de Gestión Integral (PGI) de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región, «al objeto de que la Comunidad Autónoma limite las actividades permitidas en torno a la laguna salada y adopte figuras específicas de protección para la misma».
Además del establecimiento de una franja de protección en el Mar Menor y el control de actividades que tengan una especial incidencia sobre la laguna salada, las alegaciones también recogen las medidas contempladas en la moción aprobada por unanimidad por el Pleno Municipal del pasado 30 de junio en la que se proponía la participación de los Ayuntamientos en el grupo de coordinación administrativa; la mejora en el diseño de puertos deportivos, con su sustitución por cimentaciones sostenibles que no perjudiquen la laguna; la necesidad de que el PGI determine los usos permitidos de forma expresa, además de la obligatoriedad de tener en cuenta la existencia de suelos contaminados como los del humedal de Lo Poyo, promoviendo su diagnóstico y análisis de posibles riesgos a fin de establecer las medidas adecuadas, entre otras cuestiones.
