La plataforma Pacto por el Mar Menor denuncia públicamente que el procedimiento de adjudicación utilizado para elegir a la empresa encargada de elaborar la Estrategia para el Mar Menor “no sigue los cauces normales de adjudicación de los contratos administrativos”.
La plataforma considera que la Consejería de Fomento ha huido de los principios de transparencia, libre concurrencia y publicidad de las directivas europeas habiendo negociado su contratación con un procedimiento “excepcional, informal, sumario, de utilización restrictiva y limitada”.
“Ha permitido a la Administración —continúa el comunicado— sin método de contratación alguno, negociando con varias empresas a las que llama en exclusiva para comparecer a la adjudicación”.
Según la información que aparece en la web oficial de la Comunidad Autónoma, a ese procedimiento han concurrido cuatro empresas, algunas de ellas murcianas y otros ofertando un precio inferior a la ganadora de la adjudicación, y sin embargo por valoración técnica se ha escogido a esta última.
Los miembros integrantes del Pacto para el Mar Menor, muy críticos desde el primer momento que se enteraron de esta adjudicación, consideran que en la Región de Murcia hay empresas “de reconocida solvencia técnica o profesionales o científicos de la Universidad especializados en la temática del Mar Menor, y que su omisión ha sido una total desconsideración a la valía de técnicos regionales, o que incluso podía haberse encargado la redacción a los cualificados funcionarios especializados en plantilla de la Comunidad Autónoma”
La plataforma denuncia, incluso, que en el procedimiento adjudicatario se negó participar a empresas regionales.
La plataforma considera que, a falta de confirmación tras la lectura del expediente completo, al que no han podido tener acceso aún, “se puede haber producido un fraude a la legislación de contratación administrativa para poder escoger a una empresa concreta cuando se debería haber acudido a una concurrencia de empresas” al tratarse, innegablemente, de un contrato de servicios acogido al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
La especificidad del encargo, que podría usarse como excusa para adoptar el modelo de contratación usado, es un elemento “que ha desaparecido —afirma la plataforma— de la regulación administrativa actual y que ha sido duramente criticado y modelado por jurisprudencia nacional y comunitaria. No puede, por lo tanto, ser esgrimido como criterio para la selección del procedimiento negociado sin publicidad”.
En declaraciones a Diario de La Manga el pasado día 12, el director general de Costas, Salvador García-Ayllón, defendió la idoneidad del contrato argumentando que la empresa era la misma que había puesto en valor las salinas de San Pedro y que contaba, entre sus colaboradores, a uno de los más prestigiosos científicos españoles especializados en el tema, Juan Manuel Barragán Muñoz.
