Propuesta contra las escorrentías procedentes de la Sierra Minera al Mar Menor

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Imagen de una de las escorrentías que ha provocado las últimas lluvias en la Sierra Minera / PODEMOS

El Congreso de Diputados, la Asamblea Regional y el Ayuntamiento de Cartagena recibirán en breve una iniciativa de Podemos para que pidan a la Confederación Hidrográfica del Segura un plan de choque «para actuar contra las escorrentías de los vertidos al Mar Menor procedentes de la Sierra Minera» y que vierten metales pesados a la laguna salada.

El diputado regional de la formación, Andrés Pedreño, ha explicado que el Instituto Geológico y Minero de España sitúa a la Región de Murcia como «la tercera autonomía con más balsas de estériles mineros (84), distribuidas por La Unión (27), Portmán (16), Llano del Beal (13), El Gorguel (14) y Ponce (8) pero inexplicablemente los suelos no están declarados como contaminados”.

«A pesar del cierre de la minería a inicios de los noventa -ha señalado- no ha habido un plan de restauración ambiental de los suelos contaminados por décadas de actividad minera, que debiera haber realizado la empresa responsable Portman Golf pero que nada ha hecho gracias a la inacción de la administración pública”.

«Dada esta dejación los suelos contaminados de la Sierra Minera han continuado aportando metales pesados al Mar Menor, bien por medio de la erosión eólica, pero sobre todo, por el efecto de las escorrentías a través de las ramblas que nacen en la sierra y vierten en el Mar Menor”, ha añadido Pedreño.

El diputado regional de Podemos ha avanzado que su formación llevará diferentes iniciativas a las instituciones donde Podemos tiene representación para instar al Gobierno regional y al Ministerio de Medio Ambiente «para que se proceda a puesta en marcha de plan de intervención sobre las ramblas de la vertiente norte de la Sierra Minera, con el fin de minimizar los residuos mineros al Mar Menor a través de las escorrentías».

Del mismo modo, la moción que llevará Podemos a la Asamblea Regional también insta a la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera a que «obligue los propietarios de los terrenos privados en la Sierra Minera a restaurar estos suelos contaminados».