Las organizaciones en defensa del Mar Menor lanzan un comunicado oponiéndose frontalmente a la “reforma” de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor, que propone e impulsa el grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, ya que consideran un inicio de desmantelamiento de la misma, que además favorece principalmente a las empresas infractoras, cuando además la Ley no está plenamente aplicada e implementada, a pesar del tiempo trascurrido desde su aprobación.
Su oposición a la reforma, que ya trasladaron al propio Grupo Parlamentario hace unos meses, se basa en cuatro argumentos:
En primer lugar, consideran que una ley de protección no puede ser modificada de forma regresiva, es decir, no puede reducir la protección de un espacio natural protegido. Supone vulnerar el “Principio de no Regresión”, reconocido en el derecho internacional. De llevarse a cabo esta reforma de la ley en la Asamblea Regional, podría ser impugnada en derecho, tal como indica el “DICTAMEN JURÍDICO SOBRE LA PROPUESTA DE REFORMA (Vox y Partido Popular) DE LA LEY 3/2020, DE 27 DE JULIO, DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MAR MENOR”[1], encargado por el Comité Científico del Mar Menor, a petición de la Comisión de Seguimiento del Mar Menor para poder adoptar una postura al respecto a las reformas propuestas:
«Desde una perspectiva jurídica, estas reformas plantean serias dudas de constitucionalidad y de compatibilidad con el Derecho europeo, al contradecir el mandato del artículo 45 de la CE, el principio de no regresión ambiental y las obligaciones derivadas de las directivas europeas«.
En segundo lugar, modificar una ley para que quienes la infringen gravemente puedan reducir la cuantía de las sanciones y además seguir cobrando subvenciones públicas, contradice la esencia misma de la Ley 3/2020, que no es otra que la de premiar a las empresas que se esfuerzan en el cumplimiento de las normas, y sancionar y disuadir al infractor. Esta modificación supone un perjuicio y una Competencia Desleal para aquel empresario que se está esforzando en el cumplimiento de la ley, dándole la vuelta a la premisa de “Quien contamina, paga”, e invitando a no cumplir la norma, ya que “compensa” el beneficio obtenido con la infracción, frente a las bajas consecuencias que conllevan las sanciones.
En tercer lugar, recuerdan que los tres órganos que conforman la Tutoría del Mar Menor, establecidos en la Ley 19/2022 de Personalidad Jurídica del Mar Menor, y en los que están representados los sectores económicos, sociales, científico y de la administración, estatal, regional y municipal, se pronunciaron en contra de esta propuesta de modificación de la Ley 3/2020. El informe jurídico aportado por el Comité Científico, argumentando el rechazo a las reformas propuestas por los Grupos Parlamentarios de Partido Popular y VOX, fue debatido tanto en la Comisión de Seguimiento, como en el Comité de Representantes, entre mayo y junio pasados, y la conclusión de ambos órganos fue pronunciarse en contra de dichas reformas.
En último lugar, consideran contraproducente para el propio sector primario esta modificación de la Ley 3/2020, en especial para el sector agrícola y ganadero intensivos, pues vuelve a poner aun más el foco en la responsabilidad y la contribución de estos sectores en la contaminación y degradación del Mar Menor, y la regresión a un menor control y castigo de los incumplimientos de la normativa puede resultar muy perjudicial a medio y a largo plazo para todo el sector, incluso a nivel regional, sector que depende mayoritariamente de la exportación a la UE y a terceros países.
En definitiva, para las organizaciones sociales y ambientales, primero hay que cumplir todos los artículos de la Ley 3/2020 que todavía no han sido aplicados, y cualquier modificación futura que se plantee, debe basarse en la búsqueda de la recuperación y protección del Mar Menor, buscando defender el Interés General de la ciudadanía, y proteger el patrimonio natural, cultural y económico. Nunca, poniendo el foco en el beneficio de unas pocas empresas a costa del bien común, que es lo que consideran que se está haciendo con la reforma planteada.
Para terminar, las organizaciones anuncian que no se van a quedar de brazos cruzados, y que además de protestas, como la que llevarán a cabo frente a la Asamblea Regional esta semana, no descartan ninguna iniciativa administrativa y legal que sea necesaria para evitar este ataque al Mar Menor y sus habitantes.
Colectivos que firman el comunicado:
- Pacto por el Mar Menor
- Ecologistas en Acción Región Murciana
- AMARME
- Banderas Negras
- Yayoflautas región murciana
- FAVCAC – Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca
- Fundación Sierra Minera
- SEO/Birdlife
- Greenpeace
