Con la declarada intención de unificar criterios para iniciar el proceso de segregación de los ayuntamientos de Cartagena y San Javier se constituyó, el 19 de agosto de 1989, una asociación vecinal en La Manga del Mar Menor creada expresamente para eso siendo, su primer presidente, Víctor Lizán Carrasco.
la imagen, reportaje realizado para Diario 16 Murcia
La segregación contó muy pronto con apoyos informales como las que realizara el único murciano en aquella época en la Fiscalía del Tribunal Supremo (Sala cuarta de Lo Social), Jaime Gestoso, quien consideró “necesaria” la creación del Ayuntamiento para La Manga.
Igualmente, el Director General de Turismo, Luis Arróniz, vio con buenos ojos el proyecto adhiriéndose rápidamente al proyecto segregador la asociación de vecinos de Cabo de Palos, presidido por Rogelio García; la de Los Belones, con Alfonso Pérez Alcáraz, y Los Nietos.
Se opusieron con vehemencia los dos ayuntamientos afectados quienes no tardaron en soltar diatribas contra la segregación en los medios de comunicación ante la pérdida de ingresos que supondría.
Era comprensible, el Ayuntamiento de San Javier tenía en la década de los noventa presupuestados unos ingresos de los cuales casi la mitad de ellos era dinero procedente de La Manga Norte. Mientras que para Cartagena la pérdida de los impuestos sobre La Manga, Cabo de Palos y Los Belones suponía una pérdida del veinte por ciento de sus ingresos anuales.
El alcalde de San Javier no dudó en afirmar que “…el Ayuntamiento de San Javier no va a estar dispuesto a que se independice La Manga y lucharemos en contra… …los votantes de La Manga caben en un taxi”
La campaña mediático-institucional contra la idea segregacionista contó pronto con declaraciones de diversos sectores, más o menos afectados, como la que realizara el profesor Antonio Martínez Blanco: “…no existe vía judicial para obtener la municipalidad de La Manga”
Sin embargo, los vecinos consideraban que “es la fórmula [la segregación] para invertir en la comarca el dinero necesario y no estar parcheando los problemas en función de las necesidades electoralistas del PSOE en la Administración regional, PP en San Javier o PCAN en Cartagena”
Pero el proyecto vecinal siguió adelante y el 17 de agosto del año siguiente se constituía la comisión gestora presentándose en la sede de la asociación de vecinos de Cabo de Palos con el nombre de “Asociación Comisión Gestora pro Municipio del Rincón de San Ginés” inscribiéndose en la Delegación de Gobierno de la Comunidad Autónoma el 19 de diciembre de 1991.
La citada Comisión fue presidida por un grupo de vecinos presidido por Adoración Alfonso Anibarro (Dorita) y con la siguiente directiva:
- Vicepresidente 1º: Rogelio García Galindo
- Vicepresidente 2º: Alfonso Pérez Alcáraz
- Vicepresidente 3º: Víctor Lizán Carrasco
- Secretario: Ginés Navarro Navarro
- Vicesecretario: Ángel Solano Blocksdorff
- Tesorero: Antonio Ballester García
- Vocal 1º: Alfonso Benzal Campillo
- Vocal 2º: Francisco Alba Agulló
- Vocal 3º: María Luisa Montoya
- Vocal 4º: Purificación Pérez
- Vocal 5º: José Ortuño
- Vocal 6º: Rafael San Román
- Vocal 7º: Francisco Gilabert
- Vocal 8º: José Jauen
Pero no es de 1989 la primera idea de lograr la segregación de La Manga. Tendríamos que remontarnos hasta 1974 cuando un aún influyente Tomás Maestre Aznar sugirió, en la II Asamblea Provincial de Turismo celebrada el 21 de diciembre de ese año, crear dos municipios nuevos: Los Alcázares (que lo logró en 1983) y La Manga.
Lo hizo junto a un paquete de medidas publicadas en las conclusiones finales de las ponencias, y dirigidas al Ministerio de Información y Turismo, entre las que se incluía “…proscribir el colosalismo, los edificios singulares y las murallas de cemento”.
Al parecer los grupos de expertos que diseñaron las conclusiones ya estaban empezando a ser conscientes de los efectos contraproducentes que las altas edificaciones podían ocasionar al turismo de calidad deseado por los promotores.
Los ponentes no eran personas ajenas a la zona (Manuel Guerrero —vicepresidente de La Manga Club—, Ricardo Pardo —director de la Urbanizadora Hispanobelga—, Tomás Maestre…) y sus conclusiones eran, incluso, “revolucionarias” como la referida petición de crear dos municipios independientes para La Manga y Los Alcázares, o crear una línea de ferrocarril La Unión-Los Nietos-La Manga.
Además, solicitaron prohibir urgentemente el vertido de residuos mineros a ambos mares (cuando Lo Poyo y Portmán seguían siendo una fuente continua de contaminación ambiental), trasladar ya el desarrollo del turismo hacia zonas de montaña como Sierra Espuña o Carrascoy y, por último, un punto que debió partir de Tomás Maestre y del que hablaremos en otra ocasión: “Proponer que, previas las modificaciones legales oportunas, y con las debidas garantías, pueda llegarse a autorizar la instalación de algún casino de juego en el litoral murciano que permita fijar y atraer una importante cantidad de ingresos. Parece ya fuera de lugar la prohibición indiscriminada del juego.”
En 1990 empiezan a aparecer en la prensa las pretensiones segregacionistas de la zona. En
La demanda vecinal se queda en un Consorcio
El 21 de mayo de 1993 tuvo lugar la primera asamblea general en el hotel Entremares haciéndose cargo del expediente segregador el abogado José Antonio Gallego González.
Un año más tarde, y al objeto de evitar algún tipo de bloqueo al proyecto segregacionista, el abogado del caso sugirió la necesidad de cambiar el término “San Ginés” por “Dos Mares”. Así evitaban tener que abarcar toda la diputación con ese nombre para su idea secesionista.
Quedó registrado el cambio de nombre el 29 de septiembre de 1994 en la Secretaría General de la Comunidad Autónoma con el número de referencia 4014.
Por aquel entonces los vecinos que asumieron la responsabilidad de llevar a cabo el proceso segregacionista ya se habían encontrado con serias dificultades, no siempre técnicas, en sus peticiones de documentación a ambos ayuntamientos.
Según el fallecido Rafael San Román sufrieron negación de documentos oficiales y públicos, como el padrón de habitantes actualizado o copia de los presupuestos ordinarios y planos de la zona afectada, errores en los datos que ofrecían los técnicos municipales “para alargar los trámites” o entorpecimiento notarial para la recogida de firmas necesarias.
Aun así lograron el 64,94% de firmas de vecinos empadronados a favor de la segregación en la zona de San Javier (cuatrocientas treinta y seis firmas) y el 67,65% en la zona de Cartagena (quinientas dos, luego ampliadas a mil setecientas sesenta cuando se incluyó Cabo de Palos y Los Belones).
Sin embargo, la cosa no les fue bien. A pesar de pronunciamientos como el del Consejo de Estado que no veía motivos para impedir la segregación al cumplirse todos los requisitos.
Pero la presión de los ayuntamientos por el innegable drama económico que suponía para ellos sobre la Comunidad Autónoma posiblemente determinó que el Gobierno regional acabara denegando la segregación echando mano de una ley donde se decía que todo nuevo municipio debía garantizar una mejora de los servicios a los ciudadanos y, según ellos, eso no se iba a producir.
El Ayuntamiento de San Javier, en sesión plenaria el 9 de marzo de 1995 decidió, por la cuenta que le traía, que “no concurrían circunstancias de interés general, que la distancia no era motivo para alegar el abandono de la población, que lo pedía una exigua mayoría de vecinos, que no se acreditaba que fuera a mejorarse la calidad de los servicios con el nuevo municipio y, por último, que había defectos y errores en el proyecto”.
Por su parte el de Cartagena, reunidos en pleno extraordinario un día después, el 10 de marzo, afirmaba cosas parecidas “no se justifica una mejora de la calidad de los servicios con el nuevo municipio, tampoco se garantiza que pueda hacer frente a las cargas previstas y tampoco se había alcanzado la mayoría en determinados núcleos comprendidos en la zona a segregar”.
Lo cierto es que el 13 de marzo de 1997 el Consejo de Estado, en ese dictamen no vinculante, nunca cerró la puerta a la segregación finalizando con un “no obstante, se resolverá como lo estime más acertado” sugiriendo, en el caso de que la Región no admitiera ese nuevo municipio, la creación de algún organismo que satisficiera las demandas de la población a la legítima “pretensión de segregación formulada”.
Los siguiente recursos interpuestos por la Comisión gestora para tratar de salvar la decisión que ya se había tomado no surtieron efecto (el Tribunal Superior de Justicia de Murcia se pronunció contra la segregación, a pesar del dictamen del mismísimo Consejo de Estado que nunca cerró esa opción) mientras sí le hacía caso a la idea de crear un organismo destinado, según palabras de San Román, a “desestabilizar y boicotear el expediente de segregación”: se creaba La Manga Consorcio el 26 de octubre de 1999.
El primer año la Comunidad Autónoma aportaba cien millones de pesetas (unos seiscientos mil euros) a este nuevo organismo y diez millones (sesenta mil euros) cada uno de los ayuntamientos para tratar de desinflar las quejas a base de una inyección de dinero que siempre se le negó a La Manga.
La operación era perfecta para los municipios afectados: se gastaban ciento veinte millones de pesetas pero se salvaban los tres mil millones (dieciocho millones de euros) que recaudan las administraciones municipales en la zona.
Además, el Consorcio sería dirigido por un gestor elegido por la Administración con lo que se desactivaba ese componente democrático y popular de elección del administrador que un nuevo municipio implicaba.
