Según una sentencia de la Audiencia Territorial de Albacete La Manga pertenece, de pleno derecho, a Tomás Maestre Aznar y, por consiguiente, el acceso a sus playas públicas solo puede hacerse desde terrenos de su propiedad que él puede controlar a su antojo.
La sentencia provocó una fuerte polémica nacional al reconocerse en sentencia judicial y de forma implícita que, en España y por lo tanto, las playas públicas podían ser de “no acceso público” cuando estuvieran situadas en fincas particulares que colindan con el mar y a las que solo pudiera llegarse a ellas atravesando una propiedad.
Para evitar esa posibilidad se sugería al Ministerio de Obras Públicas que construyera vías que comunicaran estos lugares entre sí a partir de uno que resultara accesible; o promover acciones de los vecinos ante sus respetivos ayuntamientos para que estos se hagan cargo de los viales privados y los conviertan en accesos públicos.
Sorprendentemente, al año siguiente el MOPU se encontró con unos inestimables aliados: los propietarios de terrenos de La Manga no vinculados a Tomás Maestre y que habían visto cómo la Administración autonómica les había prohibido toda nueva construcción para acabar con…
“…las voracidades inmobiliarias-especulativas degradadoras del paisaje y de la misma calidad turística y vital en La Manga…”
…ofreciendo la titularidad de sus terrenos al Estado a cambio de permitirles construir al borde de la playa o incluso sobre el mar.
Todo ello se enmarcaba dentro de la increíble tensión que se estaba produciendo como consecuencia de la inminente nueva Ley de Costas y su repercusión que ésta iba a tener sobre el negocio de la construcción (que no del Turismo) en la costa.
