La demanda interpuesta por los Maestre por el caso de las letras de cambio pronto tendrá una reacción en Francisco Celdrán: el 20 de marzo de 1963 pide al notario Miguel Cuevas Cuevas de La Unión que levante acta de las obras de la carretera que Tomás Maestre está haciendo en La Manga Sur advirtiéndole al promotor que se abstenga de continuar construyéndola en dirección a su finca Encañizada de Marchamalo dado que, en las escritura de constitución de Urmenor, se señalaba que esta finca era solamente “predio sirviente” y que, si quería hacer una carretera de esa envergadura “…el paso deberá hacerse por donde mejor convenga al requiriente Sr. Celdrán, como dueño del predio sirviente Encañizada de Marchamalo”.
El 19 de agosto de ese año José Luis Rubio, en previsión de un litigio que se preveía largo con Celdrán, envía una carta al comandante del puesto de la Guardia Civil de Cabo de Palos adjuntándole fotocopia del mandato judicial del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de La Unión (sentencia del 10 de ese mes) y donde aparecen claramente especificadas las cinco fincas adquiridas por los promotores.
El 1 de octubre el problema aún no se había resuelto: Miguel Cuevas vuelve a visitar, en calidad de notario, la finca de la Encañizada para comprobar in situ “si se están realizando obras en la carretera en construcción que atraviesa la citada finca en dirección Sur Norte y especialmente en el puente y pasarela que atraviesa el canal de la citada encañizada”.
Cuevas advierte de nuevo a la persona que se encuentra al frente de las obras “que se abstenga de realizar todo trabajo”.
Cuando aún no se había logrado llegar a ningún acuerdo sobre la falsificación documental de las letras y la construcción de la carretera por la encañizada de Marchamalo aparece un nuevo conflicto que enrarecerá sobremanera las relaciones entre ambas familias.
Esta vez José Luis Rubio y Lomanor SA (otra sociedad expresamente creada para la explotación de la finca La Loma de Los Pereas) presenta una demanda contra Celdrán Conesa y su esposa Soledad Dégano ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Madrid por “el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el vendedor y la secuela de los daños causados” tras la incorporación del dominio de la finca en litigio el 30 de marzo de 1962.
Concretamente, José Luis Rubio pide cinco millones de pesetas por vicios ocultos en el contrato. Acusa a Celdrán de que la citada finca estaba cruzada por una vereda de ganado de dominio público que se le ocultó deliberadamente en los planos a partir del cual se cerró el contrato. Según la familia Maestre La Loma de Los Pereas la atraviesa la llamada “Colada del Mar Menor –añade- en dirección Norte-Sur una vereda con una anchura de 33,43 a lo largo de 1.085 metros y que ocupa una superficie de 33.333,55 cuyo valor es de 1.060.006,50 pesetas que la deprecia [la finca] sensiblemente desde el punto de vista de su aprovechamiento urbanístico” al cruzarla íntegramente.
En su defensa alega que el aspecto de la vía pecuaria y su uso no son los más adecuados para personas exigentes como suelen ser los que se desplazan desde otros lugares e incluso desde el extranjero a disfrutar de un ambiente agradable y selecto”. Además, se obligatorio mantenimiento encarecería el coste de la urbanización en, como mínimo, 8,00 pts./m2 al tener que destinar márgenes no urbanizables para jardinería y arbolado.
“El precio de un bungalow o una habitación de hotel baja sensiblemente –argumenta- si frente a ellos existe una vereda por la que transita ganado y más aún si este tránsito se produce en la fachada del mar, lo que turísticamente tiene valor prevalente, y que es lo que ha de cruzar a diario el cliente. Entendemos que dicha devaluación ha de ser por lo menos de un 33% del precio si llegara a plantearse, o sea, otras 10,00 pts/m2”
En la demanda se quejan de que “la realidad de dicha vía fue ocultada cuidadosamente por el accionado al momento de contratar con José Luis Rubio llegando su desenfado a discutirla incluso en este trance” a pesar de que la colada aparecía ya en la Orden Ministerial de Agricultura de 23 de octubre de 1959 con lo que, su no inclusión en el plano de venta, era un “lamentable olvido”. En total Rubio Maestre estima una pérdida de valor de la finca de 2.537.954,80 pesetas más lo no ganado al no poder cerrar una importante operación financiera con inversores suizos, según afirmó.
