Sin miedo a usar el término lobby en su acepción más anglosajona (grupo de presión) ocho empresas de la zona (VIP, Urbincasa, Construcciones Sureste, Copemar, Sierra Minera, Geprosa, Taray y Urbagonsa) crearon el Club Costa Cálida dedicado, expresamente, a defender los intereses urbanísticos de sus negocios ante el declive del turismo en La Manga y las amenazantes leyes proteccionistas que se les había echado encima.
Según Federico Rubio, hermano de José Luis Rubio y uno de los promotores, cada uno de los socios aportará dos millones de pesetas para la lucha de sus intereses corporativos.
Solo unos meses más tarde de la constitución del Club, y cuando aún coleaba las iniciativas tomadas por Carlos Collado para proteger el Mar Menor, se aprobaba definitivamente la Ley de Costas (1988) por el Congreso de Diputados, donde los promotores se encontraron que el Gobierno nacional declaraba “dominio público no urbanizable” cien metros de costa a contar desde la línea de mar en toda la franja litoral.
Además, se desclasificaba como suelo urbano la isla del Ciervo, la antigua bahía de El Vivero colmatada por Tomás Maestre y suspendía veinticinco licencias urbanísticas para La Manga al considerarse que violaba el dominio público marítimo.
La aprobación de estas leyes provocó que el Club pusiera en marcha una agresiva estrategia empresarial: crearon un poderoso holding al objeto de lanzar una OPA (oferta pública de adquisición) contra todos los propietarios de terrenos entre El Algar y Cabo de Palos para inflar aún más su poder en las futuras negociaciones con las administraciones. La idea, denominada “La Nueva Manga”, llegó a agrupar a quince empresas interesadas en esta propuesta de expansión: Pedruman, Urbanizadora Plaza, Gran Sol, Camping Caravaning, Villas La Manga, Grimanga, Gepromanga, Alusa, Prolmarmesa, Eslabón Inmobiliaria, Copemar, Taray, CostaManga, Gepromar y Grupo de empresas Costa Cálida.
Aunque el proyecto “La Nueva Manga” nunca llegaría a materializarse el Club Costa Cálida sí logró que la Sala de lo Contencioso Administrativo emitiera una sentencia en 1989 donde se anulaban la suspensión de las veinticinco licencias que promovió el gabinete de Collado lo que motivó que el lobby, una vez logrado parte de los objetivos, se disolviera meses más tarde.
En una entrevista realizada al gerente del Club, Javier Gea, el 29 de diciembre de 2004 para la ponencia ‘Génesis y trayectorias del desarrollo turístico del entorno del Mar Menor’ de López-Morell, éste contó porqué decidieron montar este grupo de presión y la estrategia que siguieron…
“…Cuando en el año 1988 yo estaba haciendo con Ángel Martínez Vera el Pedruchillo, el gobierno de Carlos Collado intentó parar el caos y anuló de golpe veinticinco licencias, paralizando sus obras en La Manga. Hubo un pleito que duró dos años. Dos años de lucha importante. [El Club] empezó de la siguiente forma. Yo salí del Camping Caravaning y entré sobre la marcha en otros proyectos con Ángel Martínez, con Domingo Navarro, luego Domingo se llevó Grimanga y se extendió a otro grupo de San Javier, donde trabajaba Ángel. Con él monté El Pedruchillo, en una empresa llamada Pedruman y me vi envuelto con el grupo de Jacques Valero, que compartía con nosotros El Pedruchillo (ellos un veinte por ciento y nosotros un treinta)… …abrumados por el problema nos decidimos a generar una guerra al contrario, una guerra soterrada, más allá de los despachos, que se llamaría ‘La Manga está de moda’. De ahí que creara la plataforma del Club Costa Cálida, que funcionó durante siete años. Empezamos a traer a La Manga todo lo atractivo. Trajimos actores, obras de teatro, hicimos Miss España… Yo fui el gerente y negociaba directamente con Carlos Collado… …fue increíble, terminamos solucionando todos los permisos, se pudo negociar y el gobierno no pudo aguantar con la presión mediática que impusimos”.
La “victoria” del Club sobre las iniciativas parlamentarias favoreció que se bloqueara todo intento global de crear un marco proteccionista en la zona lo que provocó e impidió un control desde la Administración del caos urbanístico en La Manga a pesar de los intentos de Carlos Collado, del Estado y de la propia UE por crear algún tipo de legislación proteccionista sobre el Mar Menor.
